El equipo legal de la expresidenta, encabezado por Carlos Beraldi, anunció en conferencia de prensa la incorporación de una nueva prueba informática en el marco de su reclamo internacional. Exigen suspender la inhabilitación para ejercer cargos públicos y flexibilizar las condiciones de su arresto domiciliario.
El «hallazgo» en la base de datos
Este martes por la tarde, los abogados defensores de Cristina Fernández de Kirchner brindaron una conferencia de prensa en el NH Hotel de Buenos Aires para detallar un fuerte giro en su estrategia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Según el abogado Carlos Beraldi, la defensa detectó una evidencia clave el pasado 6 de agosto a raíz de la declaración de un testigo técnico de la Dirección de Vialidad en la causa Cuadernos. Este técnico aportó una base de datos oficial sobre el destino del Fideicomiso de Infraestructura del Transporte, herramienta central por la cual la exmandataria fue condenada en el caso Vialidad.
Los tres pedidos concretos ante la ONU
La comitiva legal internacional, integrada también por el jurista brasileño Rafael Valim (exdefensor de Lula da Silva) y el español Javier Borrego, ratificó que la presentación no es un ataque al sistema judicial argentino, sino una demanda para que se respeten las garantías de una ciudadana.
El escrito formalizado ante las Naciones Unidas denuncia la violación de ocho artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (tales como la presunción de inocencia, el derecho a un juez imparcial y la proscripción encubierta). Ante este escenario, solicitaron tres medidas cautelares urgentes:
- Suspensión de la inhabilitación perpetua: Buscan desactivar la prohibición de ejercer cargos públicos para que Cristina Kirchner pueda presentarse como opción electoral de cara a las presidenciales de 2027.
- Revisión total de la condena: Solicitar que la Justicia argentina abra un recurso de revisión del fallo de seis años de prisión basándose en la nueva prueba del fideicomiso.
- Flexibilización de la prisión domiciliaria: Borrego denunció públicamente condiciones «degradantes» en el departamento de Constitución donde la expresidenta cumple el arresto, advirtiendo fallas constantes en la tobillera electrónica, custodia policial excesiva y restricciones severas para visitas y acceso al aire libre.