La lupa judicial se posó de forma definitiva sobre los bienes del ex jefe de Gabinete. Este lunes, el fiscal federal Gerardo Pollicita dio curso al requerimiento de justificación patrimonial, una instancia procesal obligatoria en las causas por corrupción pública antes de avanzar hacia una eventual declaración indagatoria. El documento expone una serie de contradicciones y «zonas grises» en la evolución de las finanzas familiares de la pareja.
La intimación otorgó un plazo perentorio de 15 días hábiles para que Adorni y su esposa demuestren el origen de fondos y adquisiciones millonarias realizadas desde su llegada a la función pública. Al tratarse de una investigación por enriquecimiento ilegal, rige la inversión de la carga de la prueba, obligando al propio imputado a respaldar la licitud de sus bienes.
Los 4 puntos críticos que investiga la Justicia
El dictamen fiscal se sustentó en un informe técnico de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). A partir de este peritaje financiero, se delimitaron los ejes de las sospechas:
- La coartada del Bitcoin: Se investiga una supuesta inversión de USD 200.000 en criptomonedas que le habría generado dividendos por USD 300.000. El ex funcionario argumentó públicamente haber «olvidado» dichos activos digitales en un monedero virtual extraviado, versión que no concuerda con las declaraciones juradas previas ni con la documentación respaldatoria de los movimientos cripto.
- Propiedades bajo la lupa: Está bajo análisis la compra de una vivienda en el country Indio Cuá. Un contratista declaró que las refacciones de lujo costaron USD 245.000 pagados en efectivo y sin facturas. Asimismo, se audita un departamento en Caballito cotizado en USD 230.000, financiado a través de una controvertida hipoteca privada concedida por dos jubiladas.
- Rectificaciones masivas de DDJJ: Tras su salida del Gobierno, Adorni declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) una fortuna total de $944,5 millones de pesos. La presentación encendió las alarmas debido a que requirió fuertes modificaciones de sus balances de 2023 y 2024 para ingresar capitales que originalmente omitió reportar.
- Vuelos privados y viajes de lujo: La fiscalía sigue de cerca los registros de Migraciones y líneas aéreas sobre vuelos al exterior y traslados de cabotaje. Particularmente, se audita un viaje familiar a Punta del Este en un avión privado, buscando determinar si existieron dádivas o financiamiento de empresarios vinculados al Estado.
El expediente, instruido en los tribunales de Comodoro Py por el magistrado Ariel Lijo, determinará los próximos pasos procesales. De no mediar explicaciones contundentes y documentación contable que aclare las diferencias patrimoniales, el ex vocero y jefe de ministros enfrentará un llamado formal a indagatoria.