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La Justicia paraguaya ordenó este lunes el traslado inmediato del expresidente Santiago Peña desde el Regimiento Escolta Presidencial (REP) hacia la Prisión Militar de Viñas Cué. La decisión, adoptada el mismo día en que el exmandatario cumple 48 años, responde a la confirmación oficial de que gozaba de comodidades exclusivas e irregulares durante su prisión preventiva.

La resolución fue firmada por el juez penal de garantías Osmar Legal, quien asumió la causa esta misma mañana luego de que el magistrado anterior, Humberto Otazú, se apartara del expediente al alegar un parentesco político con la familia de uno de los coimputados. En su primera medida al frente del caso, Legal dispuso que el traslado se realice «sin dilación» para asegurar el cumplimiento efectivo de la medida cautelar dictada el pasado 7 de noviembre.

El escándalo de la «suite» y el gimnasio privado
La crisis en torno al lugar de detención de Peña estalló tras la difusión de imágenes periodísticas que mostraban un gimnasio privado equipado exclusivamente para el exjefe de Estado dentro de una sala de reuniones del Regimiento Escolta, además de habitaciones climatizadas y baño privado. El propio ministro de Defensa Nacional, Óscar González, confirmó la veracidad de los hechos tras consultar a las autoridades del cuartel.

Ante la repercusión pública, el presidente de Paraguay, Pedro Alliana, ordenó relevar de su cargo al comandante del Regimiento Escolta Presidencial, el coronel José David Dayub, por haber autorizado los tratos preferenciales.

En su nuevo destino en Viñas Cué, en las afueras de Asunción, el juzgado ordenó que Peña sea alojado en un sector completamente aislado de la población penal y, de manera estricta, separado de otros exfuncionarios y empresarios coprocesados en la misma causa que ya se encuentran detenidos en ese recinto castrense. Asimismo, el magistrado exigió un informe detallado sobre los protocolos de seguridad que garantizarán la integridad física del exmandatario.

El trasfondo judicial: destitución y el caso Ueno Bank
Santiago Peña fue destituido por el Senado paraguayo el pasado 6 de noviembre mediante un juicio político por mal desempeño de sus funciones, tras estallar el colapso financiero de Ueno Bank, una crisis que dejó a cerca de tres millones de clientes sin acceso a sus depósitos.

El Ministerio Público imputó al exmandatario por los delitos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, cargos que conllevan una expectativa de pena de hasta 15 años de prisión.

Según la hipótesis fiscal, Peña habría liderado una estructura desde el Poder Ejecutivo para debilitar los controles del Banco Central del Paraguay (BCP) y canalizar cientos de millones de dólares de fondos públicos hacia la entidad financiera vinculada al Grupo Vázquez, de la cual había sido accionista. Por su parte, la defensa del expresidente niega las acusaciones y sostiene su inocencia mientras avanza la investigación penal.