Empresarios que confiesan contribuciones, secretas e ilegales, para las campañas electorales. Aportantes, algunos casi indigentes, que figuran en los listados pero niegan haber puesto plata.
Con esa lluvia ácida cayendo sobre el dinero político, la Justicia electoral jugó una carta brava: en una medida inédita, mandó a poner la lupa sobre la recaudación y los gastos de la última gran elección criolla, la presidencial del 2015.
Fueron cuatro fallos, casi calcados, en los que la Cámara Nacional Electoral (CNE), ordenó a la jueza Federal María Romilda Servini de Cubría que investigue de donde salieron y a donde fueron los fondos usados por los candidatos.