El Senado de la Nación reactivó las comisiones para tratar el proyecto de la «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada» impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La iniciativa oficialista llega a esta instancia legislativa con modificaciones sustanciales. Tras una fuerte presión de la oposición, sindicatos y organizaciones sociales, el oficialismo se vio obligado a retirar el capítulo que modificaba la Ley de Tierras. Este apartado buscaba elevar del 15% al 25% el límite de suelo nacional en manos de extranjeros. Ante el riesgo de perder el control de recursos naturales estratégicos, el bloque de La Libertad Avanza cedió para evitar el naufragio total del texto.
El corazón del proyecto de ley actual se concentra en blindar los derechos de los propietarios frente a las tomas de terrenos. El Gobierno busca implementar un sistema de desalojos exprés para agilizar la restitución de inmuebles ocupados ilegalmente. Asimismo, el texto limita la capacidad del Estado para declarar bienes de «utilidad pública», endureciendo los requisitos necesarios para realizar expropiaciones. Otra de las modificaciones clave flexibiliza las restricciones vigentes de la Ley de Manejo del Fuego en zonas afectadas por incendios rurales.
Mientras el oficialismo defiende la norma bajo el argumento de que aportará seguridad jurídica y atraerá inversiones extranjeras masivas, las críticas persisten. Organizaciones como el CELS advierten que la desregulación ambiental y territorial contenida en el proyecto original y en las reformas secundarias beneficia la concentración de tierras. La oposición dialoguista mantiene bajo la lupa los artículos de desalojo rápido para garantizar que no vulneren derechos constitucionales básicos durante el proceso judicial.