El fondo de inversiones había sido autorizado por el Gobierno nacional en noviembre de 2012. El mismo le permitía a las empresas cobrar un monto fijo adicional a los clientes que debía ser destinado a obras de infraestructura y mantenimiento.
«Los fondos remanentes mencionados, de no haber sido por la actitud negligente de las concesionarias, deberían haber sido aplicados a obras que hubieran atenuado, al menos parcialmente la situación, de público y notorio conocimiento, que hoy padecen los usuarios», expresa la resolución publicada en el Boletín Oficial.
Esos fondos fijos para obras ascendían a $54.347.803,82 para Edesur y de $161.027.770,17 para Edenor.

